¿Accidente de tráfico? Descubre cómo reclamar los daños y obtener la indemnización que mereces
En España, los accidentes de tráfico son una de las principales causas de lesiones y daños materiales. Los conductores, peatones y ciclistas involucrados en un siniestro pueden tener derecho a reclamar indemnizaciones por los perjuicios sufridos. Si bien el sistema jurídico establece mecanismos claros para la reclamación, el proceso puede resultar complejo si no se cuenta con el conocimiento adecuado.
En este artículo, analizaremos cómo proceder para reclamar daños derivados de un accidente de circulación en España, tanto en lo que respecta a los daños materiales como personales, los plazos de reclamación, las aseguradoras implicadas y la vía judicial en caso de conflicto.
¿Quién puede reclamar por daños en un accidente de tráfico?
Cualquier persona que haya sufrido un perjuicio directo debido a un accidente de tráfico puede reclamar. Los principales afectados son:
1. Conductores: El conductor que no ha causado el accidente y ha sufrido daños en su vehículo o lesiones.
2. Pasajeros: Las personas que viajaban en el vehículo, ya sea como ocupantes o conductores.
3. Peatones y ciclistas: Aquellos que, aunque no conducían, se han visto involucrados en el accidente.
4. Daños materiales: Propietarios de vehículos que hayan sufrido daños materiales como consecuencia del siniestro.
La reclamación puede ser dirigida contra el responsable del accidente, el seguro de éste o incluso, en ciertos casos, a través de los fondos del Consorcio de Compensación de Seguros.
Tipos de daños que se pueden reclamar
En un accidente de tráfico, pueden existir diferentes tipos de daños que se deben considerar a la hora de hacer una reclamación:
1. Daños materiales: Aquellos que afectan al vehículo o bienes materiales implicados en el accidente. Esto incluye la reparación del vehículo, la pérdida económica por el valor de un coche irrecuperable o el coste de reparación de otros objetos dañados durante el accidente.
2. Daños personales: Son las lesiones sufridas por las personas involucradas en el accidente. Pueden incluir daños físicos (fracturas, lesiones musculares, heridas) o psicológicos (trastornos de estrés postraumático, ansiedad).
- En este caso, la indemnización se calcula según el grado de la lesión y las secuelas, con la intervención de peritos médicos que valoran la gravedad de las lesiones y su impacto a largo plazo.
- Es fundamental contar con un informe médico exhaustivo que certifique las secuelas y el tratamiento recibido.
3. Daños morales: En algunas ocasiones, las víctimas pueden reclamar por el daño psicológico que les haya causado el accidente, especialmente si las lesiones fueron graves o provocaron una alteración significativa de su calidad de vida.
¿Cómo realizar la reclamación por daños?
Para iniciar una reclamación por daños en un accidente de circulación, el proceso puede variar dependiendo de las circunstancias del siniestro y las partes involucradas, pero en general, los pasos son los siguientes:
1. Recoger evidencia del accidente
- Informe policial: Si el accidente ha sido grave o ha implicado daños personales, la policía realizará un informe del accidente que servirá como prueba. Es recomendable solicitar una copia del mismo.
- Testigos: En caso de haber testigos, es importante obtener sus datos y testimonios.
- Fotografías: Si es posible, se deben tomar fotos del lugar del accidente, los vehículos implicados, las matrículas y cualquier otra prueba visual que pueda ser útil.
2. Presentar la reclamación al seguro
Una vez recopilada la evidencia, el siguiente paso es presentar una reclamación ante el seguro del responsable del accidente. Si eres el responsable del accidente, entonces deberás contactar con tu propio seguro. En España, es común que las aseguradoras gestionen la indemnización de los daños materiales.
- Reclamación a través del seguro: En la mayoría de los casos, las aseguradoras de los implicados son las que se encargan de cubrir los daños. El proceso generalmente incluye la valoración de los daños y una oferta de indemnización.
3. Negociación de la indemnización
En algunos casos, las aseguradoras intentarán llegar a un acuerdo rápido y amigable con el afectado. Sin embargo, estas ofertas iniciales a menudo no cubren adecuadamente todos los daños sufridos, por lo que es importante contar con un abogado especializado que se encargue de negociar una indemnización justa.
4. Vía judicial
Si la aseguradora no ofrece una indemnización adecuada o si existe desacuerdo sobre la responsabilidad del accidente, puede ser necesario acudir a la vía judicial. En este caso, se puede presentar una demanda ante los tribunales competentes para que un juez determine la responsabilidad y fije la indemnización correspondiente.
Plazos para reclamar
El plazo para reclamar es de 1 año desde la fecha del accidente o desde la estabilización de las lesiones y secuelas, según los casos.
El papel del abogado especializado
Es altamente recomendable contar con un abogado especializado en accidentes de tráfico para gestionar tanto la reclamación ante el seguro como la posible vía judicial. Un abogado especializado puede:
- Asesorar sobre la indemnización correspondiente.
- Gestionar la relación con las aseguradoras.
- Negociar la mejor oferta de indemnización.
- Representar al cliente en los tribunales si es necesario.
El abogado se encargará de reunir la evidencia, gestionar el proceso administrativo y, en caso de conflicto, defender los intereses del cliente ante el juez.
Conclusión
Reclamar por daños de un accidente de circulación es un proceso que puede implicar una serie de pasos legales y administrativos. La clave para obtener una indemnización justa es conocer los derechos que tiene el afectado, reunir la mayor cantidad de pruebas posibles y contar con el apoyo de un abogado especializado. Si se siguen estos pasos correctamente, es posible obtener una compensación justa por los daños sufridos en un accidente de tráfico.
En Mediterrània Abogados estamos aquí para ayudarte a reclamar la indemnización que mereces. Si has sido víctima de un accidente de tráfico y necesitas orientación o asistencia legal, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Nuestro equipo de abogados especializados te guiará durante todo el proceso para asegurarse de que tus derechos sean respetados y obtengas la compensación adecuada. ¡Estamos a tu disposición!
División Judicial de la Herencia: Procedimiento y Soluciones
Cuando una persona fallece, sus bienes deben ser repartidos entre sus herederos. Si bien la ley establece cómo debe hacerse ese reparto, en muchas ocasiones los herederos no logran ponerse de acuerdo sobre cómo dividir los bienes de la herencia. En estos casos, la ley ofrece una solución mediante la División Judicial de la Herencia, un proceso judicial que se lleva a cabo cuando no hay consenso entre las partes. En este artículo, explicamos en qué consiste este procedimiento, cómo se lleva a cabo y cuál es el papel de los abogados en su resolución.
¿Qué es la División Judicial de la Herencia?
La División Judicial de la Herencia es un procedimiento judicial que tiene lugar cuando los herederos no se ponen de acuerdo sobre cómo repartir los bienes de la herencia. Esto puede ocurrir por diversas razones, como desacuerdos sobre la valoración de los bienes, disputas sobre quién debe quedarse con qué bien, o incluso conflictos familiares que dificultan la toma de decisiones.
En lugar de que los herederos lleguen a un acuerdo privado, este procedimiento obliga a que el reparto se realice bajo la supervisión de un juez, quien será el encargado de tomar las decisiones finales, y en algunos casos, de nombrar un perito que valore los bienes.
¿Cuándo es necesario recurrir a la División Judicial de la Herencia?
La División Judicial de la Herencia se solicita cuando los herederos no consiguen un acuerdo amistoso sobre la partición de los bienes. Los conflictos más comunes que pueden desencadenar este proceso son:
- Desacuerdos sobre la valoración de los bienes: En algunas ocasiones, los herederos no se ponen de acuerdo sobre el valor de los bienes hereditarios, especialmente cuando se trata de propiedades de difícil tasación o bienes intangibles.
- Disputas sobre quién debe quedarse con qué: Puede ocurrir que los herederos no se pongan de acuerdo sobre quién debe recibir qué bien o parte de la herencia.
- Falta de acuerdo sobre la distribución de cargas: Los herederos pueden tener diferencias sobre quién debe asumir las deudas u otros gastos asociados a la herencia.
Procedimiento de la División Judicial de la Herencia
El proceso de división judicial de la herencia se inicia con una solicitud ante el Juzgado. Los pasos básicos son los siguientes:
- Presentación de la solicitud: Uno o varios herederos deben presentar una demanda solicitando la partición judicial de la herencia. En esta solicitud se debe indicar quiénes son los herederos, qué bienes componen la herencia y los desacuerdos que existen entre las partes.
- Nombramiento de un perito: Si hay desacuerdos sobre la valoración de los bienes, el juez puede designar un perito judicial que se encargue de tasar los bienes hereditarios de forma objetiva y profesional.
- Intervención del juez: En caso de que no se pueda llegar a un acuerdo, el juez intervendrá para repartir los bienes. El juez puede tomar decisiones sobre cómo dividir los bienes, ya sea en especie o mediante la venta de algunos bienes y reparto del dinero obtenido. En ocasiones, el juez también puede permitir que los herederos lleguen a un acuerdo de forma extrajudicial, pero bajo su supervisión.
- Sentencia de partición: Una vez resuelto el conflicto, el juez emite una sentencia en la que se distribuyen los bienes, ya sea de manera equitativa o conforme a las disposiciones testamentarias. Esta sentencia será vinculante para todos los herederos.
El Papel del Abogado en la División Judicial de la Herencia
Contar con un abogado especializado en herencias es fundamental para asegurar que el proceso de división judicial se lleve a cabo de manera correcta y eficiente. Algunas de las funciones del abogado en este tipo de procedimientos son:
- Asesoramiento legal: El abogado orienta a los herederos sobre sus derechos y opciones dentro del proceso de partición. Esto incluye la posibilidad de negociar acuerdos fuera del tribunal si es viable.
- Representación judicial: El abogado se encarga de presentar la demanda, asistir a las vistas y defender los intereses de su cliente ante el juez.
- Mediación y resolución de conflictos: En muchos casos, el abogado actúa como mediador para tratar de encontrar una solución amistosa antes de llegar a un proceso judicial largo y costoso.
Posibles Soluciones en la División Judicial de la Herencia
En el proceso judicial de partición, existen diferentes formas de repartir los bienes, dependiendo de las circunstancias del caso y la naturaleza de los bienes:
- Partición en especie: Los bienes se dividen entre los herederos según un acuerdo o decisión judicial, asignando a cada uno una parte de la herencia en especie.
- Venta de bienes y reparto del dinero: Si los bienes no pueden dividirse fácilmente, el juez puede ordenar su venta y repartir el dinero obtenido entre los herederos.
- Compensaciones económicas: En algunos casos, los herederos pueden llegar a acuerdos compensatorios, en los que uno de ellos recibe una parte mayor de los bienes a cambio de una compensación económica.
Conclusión
La División Judicial de la Herencia es una solución legal cuando no hay acuerdo entre los herederos sobre el reparto de los bienes heredados. Aunque este proceso puede resultar complicado y largo, contar con el apoyo de un abogado especializado puede facilitar su resolución y garantizar que se respeten los derechos de todos los implicados. Si te enfrentas a una situación de herencia conflictiva, no dudes en buscar asesoramiento legal para encontrar la mejor solución posible y evitar posibles complicaciones en el futuro.
En Mediterrània Abogados, estamos aquí para brindarte el apoyo legal que necesitas en momentos tan delicados como la gestión de una herencia. Contamos con experiencia en la resolución de conflictos hereditarios y te ayudaremos a entender tus derechos, encontrar soluciones y llegar a acuerdos de manera eficiente. No dudes en ponerte en contacto con nosotros para recibir asesoramiento personalizado y profesional. Tu tranquilidad es nuestra prioridad.
Derecho de visitas de los abuelos con sus nietos: Todo lo que debes saber
En el ámbito del derecho de familia, uno de los temas que ha generado más debate en los últimos años es el derecho de los abuelos a mantener relaciones personales con sus nietos, especialmente cuando existen circunstancias que afectan a la relación entre padres e hijos. La legislación española ha evolucionado para reconocer la importancia de la figura de los abuelos en la vida de los menores, protegiendo su derecho a convivir y mantener una relación afectiva con ellos, incluso cuando las relaciones familiares no son ideales.
Los artículos 90 y 160 del Código Civil establece que los hijos tienen derecho a relacionarse con sus abuelos. Esto quiere decir que, aunque los padres tienen la potestad para decidir sobre la relación de los hijos con los abuelos, en caso de desacuerdo o conflictos, el Juez puede intervenir y otorgar el derecho el derecho de visita a los abuelos si considera que es lo mejor para el bienestar del menor.
El Tribunal Supremo ha sido claro en reiteradas ocasiones al subrayar la importancia de las relaciones familiares y el derecho de los abuelos a mantener contacto con sus nietos. En diversas sentencias, el Alto Tribunal ha reafirmado que los abuelos no solo tienen derecho a mantener una relación con sus nietos por el afecto, sino también para su desarrollo emocional y social. Por consiguiente, se ha enfatizado que la negativa de los padres a permitir el contacto con los abuelos no puede ser una decisión unilateral, sino que debe estar justificada en el interés del menor.
¿En qué casos pueden los abuelos solicitar el derecho de visitas?
El derecho de los abuelos a ver a sus nietos no es automático; depende de varios factores. En general, los abuelos pueden solicitar el derecho de visitas en los siguientes casos:
1. Desacuerdo entre los padres: Si los padres no se ponen de acuerdo sobre el derecho de los abuelos a ver a sus nietos, cualquiera de los progenitores o los propios abuelos pueden acudir a los tribunales para que un juez decida sobre la cuestión.
2. Separación o divorcio de los padres: En casos de separación o divorcio, los abuelos pueden solicitar el derecho de visitas si los progenitores no lo permiten, siempre que se considere que es lo mejor para el bienestar del menor.
3. Situaciones de desestructuración familiar: En circunstancias donde exista algún tipo de conflicto o desestructuración familiar, los abuelos pueden ser los encargados de mantener un vínculo afectivo con los menores, protegiendo así su estabilidad emocional.
El interés superior del menor: El principio rector
El principio fundamental en cualquier decisión judicial relacionada con el derecho de visitas es el interés superior del menor. Cualquier decisión sobre la convivencia, visitas o contacto con los abuelos debe priorizar lo que sea más beneficioso para el desarrollo integral del menor. Es decir, se considerará que las visitas con los abuelos son beneficiosas para el niño, salvo que se demuestre lo contrario.
El papel del juez
En los casos en que se discute el derecho de visitas, el juez puede acordar una serie de medidas que varían en función de las circunstancias del caso, tales como:
- Visitas periódicas: El juez puede establecer un régimen de visitas regular entre los abuelos y el menor, determinando la frecuencia y el lugar de los encuentros.
- Supervisión: En situaciones delicadas, el juez puede ordenar que las visitas se lleven a cabo bajo supervisión, especialmente si existe alguna duda sobre el entorno familiar.
- Modificación de régimen de visitas: En caso de que las circunstancias cambien (por ejemplo, una mejora en la relación entre padres y abuelos), el régimen de visitas puede modificarse para adaptarse a la nueva situación.
Conclusión
El derecho de los abuelos a mantener una relación con sus nietos está reconocido y protegido por la legislación y jurisprudencia española. Sin embargo, este derecho debe ser ejercido en función del interés superior del menor, que es el principio que guía todas las decisiones judiciales en materia familiar.
¿Necesitas asesoramiento sobre el derecho de visitas de los abuelos con sus nietos en Castellón de la Plana? Si te encuentras en una situación donde necesitas aclarar tus derechos o los de tus seres queridos, en Mediterrània Abogados contamos con un equipo de abogados especializados en Derecho de Familia. Te ofrecemos un asesoramiento personalizado para ayudarte a resolver cualquier conflicto relacionado con el régimen de visitas y otros asuntos familiares. ¡Estamos aquí para ayudarte!
Subrogación laboral: ¿qué implicaciones tiene para los trabajadores?
La subrogación laboral es un cambio del empleador que tiene contratado al trabajador. Es decir, que el empleador traspasa el cumplimiento de las condiciones del contrato que mantiene con el empleado a un tercero. El trabajador pasa entonces a depender de otro empresario o empresa.
En este post analizamos cuáles son las principales consecuencias de una subrogación laboral.
¿Cuándo se produce la subrogación laboral?
La subrogación laboral se produce en dos situaciones:
Una de las causas que ocasiona la subrogación laboral es el cambio de titularidad de la empresa. Cuando una empresa subroga a otra, se configura una sucesión empresarial. A este respecto, el artículo 44.1 del Estatuto de los Trabajadores:
"1. El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección social complementaria hubiere adquirido el cedente."
Por otro lado, la subrogación laboral puede surgir por la negociación colectiva. En este supuesto, es el convenio colectivo el que así lo determina. En la práctica, es una situación frecuente en empresas de seguridad o de limpieza, que cambian de empleadores.
Según jurisprudencia reciente, la subrogación laboral por convenio colectivo se regirá por el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.
Claramente, la ley protege a los trabajadores frente a los cambios de empleador. Sea como fuere el mecanismo de la subrogación laboral, el nuevo empleador, sea individual o empresa, tiene que respetar las condiciones y los derechos laborales de los trabajadores contratados por la empresa anterior.
¿Qué obligaciones tiene la nueva empresa que asume a los trabajadores de la empresa anterior?
En realidad, la nueva empresa debe cumplir una serie de formalidades en su rol de subrogante laboral.
Conjuntamente con la empresa subrogada, la nueva empresa comunicará por escrito a todos sus empleados que es la empresa subrogante. En el comunicado se explicita:
- La fecha prevista para la subrogación laboral.
- Los motivos que la ocasionan.
- Las consecuencias jurídicas, económicas y sociales de la transmisión para el trabajador.
- Medidas previstas que afecten a los trabajadores.
Enviará una copia del comunicado firmada por la empresa y por un representante de los trabajadores al Servicio Público de Empleo Estatal.
La nueva compañía debe dar cumplimiento a todas las cláusulas del convenio colectivo de los trabajadores. Asimismo, asume todas las obligaciones laborales y de Seguridad Social que mantenía la empresa anterior. Por tanto, si la empresa original tiene deudas salariales con sus empleados, serán abonadas por la nueva empresa subrogante.
¿Qué modificaciones puede hacer la empresa subrogante en la situación laboral de los trabajadores?
Es posible y legal que en la nueva organización se realicen algunos ajustes que impacten en los empleados.
Modificación de la jornada laboral o del salario
El nuevo empleador puede modificar el salario, horario, turnos y la jornada laboral, siempre que exista una causa objetiva que lo justifique. Estas causas pueden ser razones técnicas, organizativas, económicas o de producción.
Sin embargo, estas modificaciones deberán seguir el procedimiento establecido en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores que se refiere a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
Cambios en el lugar geográfico de trabajo
La movilidad geográfica es una de las potestades del nuevo empresario. Si la empresa tiene filiales en otras ciudades, podrá determinar el traslado de un empleado con carácter temporal o permanente.
En caso de que el trabajador no esté de acuerdo, podrá solicitar la extinción de la relación laboral.
Reconocimiento de antigüedad
La empresa subrogante se hará cargo de los pagos de las prestaciones sociales de los trabajadores. La antigüedad no será modificada, pues la relación laboral no se elimina, sino que se considera continuada.
Por lo tanto, la nueva empresa se hace cargo de todas las obligaciones laborales, incluidos los complementos salariales por antigüedad.
¿Es posible oponerse a la subrogación laboral?
Pueden ocurrir dos situaciones:
- En caso de que la empresa subrogante no cambie sustancialmente las condiciones de trabajo, el trabajador no puede oponerse a la subrogación laboral. Sin embargo, si no está dispuesto a trabajar para el nuevo empleador, podrá pedir la baja voluntaria. En este caso no tendrá derecho a indemnización ni a pago por desempleo.
- En caso de que la nueva empresa modifique sustancialmente las condiciones de trabajo, el trabajador tendrá dos opciones:
- Rescindir el contrato de trabajo. Cuando opta por esta alternativa, cobrará una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de 9 meses.
- Impugnar la modificación de las condiciones laborales en la justicia. Si la empresa perjudica al trabajador, pero este no quiere rescindir el contrato, podrá acudir al ámbito judicial.
¿Qué pasa si en caso de subrogación laboral el empresario subrogante no cumple con sus obligaciones?
Una empresa subrogante que no cumple con sus obligaciones como tal, está incumpliendo con la ley. Por lo tanto, puede ser demandada por los trabajadores.
Un caso de este incumplimiento puede ser el despido de algunos trabajadores. Si esto ocurriera, los empleados afectados pueden denunciar al empresario por despido improcedente. Podrán alegar que la relación laboral debió continuar con la nueva empresa, porque existían contratos anteriores a la sucesión empresarial.
La ley es clara y contundente en que una subrogación laboral no puede tener un impacto sustancial en la situación de los trabajadores. Los derechos laborales están garantizados mientras duren los contratos.
Sin embargo, pueden ocurrir situaciones especiales que no resulten claras para el trabajador. En estos casos, es conveniente consultar con un abogado experto en temas laborales, que podrá asesorar sobre la situación laboral, el marco jurídico y los posibles pasos a seguir en su caso.
Ponemos a tu disposición los siguientes canales de comunicación:
- Rellenar el formulario para tu consulta desde la propia página web.
- Por whatsapp al 678 586 504.
- O llamándonos al 964 633 163.
Autor: Alejandro Traver Jiménez (Abogado Socio en Mediterrània Abogados)
Residencia de larga duración en España
La residencia de larga duración es un permiso que autoriza a un extranjero a residir y trabajar en España de forma indefinida, en las mismas condiciones que los nacionales españoles. Esta autorización de residencia será de ámbito exclusivamente nacional.
1. Requisitos
El solicitante de este permiso deberá cumplir con los siguientes requisitos:
- No debe ser ciudadano de ningún Estado miembro de la UE, del Espacio Económico Europeo (EEE) ni de Suiza, ni familiar de ciudadanos de estos países a los que se aplique el régimen de ciudadano de la Unión Europea;
- No debe encontrarse irregularmente en territorio español;
- Debe carecer de antecedentes penales en España y en sus países anteriores de residencia;
- No debe tener prohibida la entrada en España ni encontrarse en el plazo de compromiso de no retorno a España;
- Encuadrarse en alguno de los siguientes supuestos:
a) Haber disfrutado de una residencia legal y continuada en España durante cinco años.
A efectos de continuidad, esta no se verá afectada por ausencias del territorio español de hasta seis meses continuados, siempre que la suma de éstas no supere el total de diez meses dentro de los cinco años requeridos, salvo que las correspondientes salidas se hubieran efectuado de manera irregular. Si la ausencia es por motivos laborales, no puede superar los doce meses en los años requeridos.
b) Haber residido durante cinco años de forma continuada como titular de Tarjeta Azul UE en la Unión Europea, siempre que los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud dicha residencia se haya producido en territorio español.
A efectos de continuidad, esta no se verá afectada por ausencias de la Unión Europea de hasta doce meses continuados, siempre que la suma de éstas no supere el total de dieciocho meses dentro de los cinco años de residencia requeridos.
c) Ser residente beneficiario de una pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, incluida dentro del sistema español de la Seguridad Social.
d) Ser residente beneficiario de una pensión de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez, en su modalidad contributiva, incluida dentro del sistema español de la Seguridad Social o de prestaciones análogas a las anteriores obtenidas en España y consistentes en una renta vitalicia, no capitalizable, suficiente para su sostenimiento.
e) Ser residente que haya nacido en España y, al llegar a la mayoría de edad, haya residido en España de forma legal y continuada durante, al menos, los tres años consecutivos inmediatamente anteriores a la solicitud.
f) Ser extranjero que haya sido español de origen y haya perdido la nacionalidad española.
g) Ser residente que al llegar a la mayoría de edad haya estado bajo la tutela de una entidad pública española durante los cinco años inmediatamente anteriores de forma consecutiva.
h) Ser apátrida, refugiado o beneficiario de protección subsidiaria que se encuentre en territorio español y a quien se le haya reconocido el respectivo estatuto en España.
i) Ser extranjero que haya contribuido de forma notoria al progreso económico, científico o cultural en España, o a la proyección de España en el exterior.
En este último caso, el sujeto legitimado para presentar la solicitud es la Dirección General de Migraciones.
2. Tramitación:
La solicitud se podrá presentar personalmente por el ciudadano extranjero, en caso de que no sea residente en el momento de presentar la solicitud. En el supuesto de que sea residencia, se podrá presentar personalmente o por medio de representación.
A esta solicitud se deberá acompañar la siguiente documentación:
a) Original y una fotocopia de la página o páginas con datos biométricos del pasaporte o Título de viaje;
b) Certificado de antecedentes penales expedido por las autoridades del país de origen o del país o países en que haya residido durante los últimos cinco años; debidamente apostillados y traducidos.
c) En caso de que proceda, documentación acreditativa de los periodos de residencia previa, como titular de una Tarjeta azul - UE, en otros Estados miembros de la Unión Europea;
d) En su caso, informe emitido por las autoridades competentes que acredite la escolarización de los menores a su cargo, en edad de escolarización obligatoria; y
e) Pago de la tasa correspondiente.
La solicitud se debe dirigir a la Oficina de Extranjería de la provincia donde residan o, en el caso de que no se requiera la condición previa de residente, donde deseen fijar su residencia.
En el supuesto de que no se encuentre en territorio nacional, se deberá presentar personalmente la solicitud ante la oficina diplomática o consular en cuya demarcación residan, que dará traslado a la Oficina de Extranjería competente para su resolución.
De esta forma, se establece un plazo máximo de resolución de tres meses, y, en el plazo de un mes desde su concesión, se deberá solicitar personalmente la Tarjeta de Identidad de Extranjero.
Por último, se deberá solicitar la renovación cada cinco años, no suponiendo la extinción de la autorización de residencia su no presentación. Asimismo, la solicitud deberá presentarse durante sesenta días naturales inmediatamente anteriores a la fecha de expiración de la vigencia de la tarjeta o dentro de los noventa días naturales posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la vigencia de la anterior tarjeta, prorrogándose la validez de la tarjeta anterior hasta la resolución del procedimiento.
Si quieres hacer algún trámite de Extranjería o si quieres presentar tu Solicitud de Nacionalidad Española, cuenta con un equipo experto en la materia.
Ponemos a tu disposición los siguientes canales de comunicación:
- Rellenar el formulario para tu consulta desde la propia página web.
- Por Whatsapp al 663 169 766.
- O llamándonos al 964 633 163.
Autor: Lorenzo Cumba de la Rosa (Abogado Socio en Mediterrània Abogados)
Atribución del uso de la vivienda familiar
La atribución del uso de la vivienda familiar es una decisión legal y reglamentaria que se determina en el contexto de una ruptura de la convivencia, tras la separación o divorcio y busca salvaguardar particularmente el interés y bienestar de los hijos menores de edad o mayores con discapacidad que dependan de sus progenitores. Se refiere al derecho de uno de los cónyuges, o en algunos casos de los hijos, de seguir utilizando la vivienda familiar y el ajuar que contiene luego de la disolución conyugal o de la crisis matrimonial.
Los cónyuges deben ponerse de acuerdo respecto a quien habitará la vivienda, siempre prefiriendo este acuerdo a una decisión judicial. Se considera que este derecho de uso es de naturaleza personal, asistencial y temporal, sin tener un carácter patrimonial, sino familiar, lo que conlleva características especiales, como el hecho de disociar la titularidad del derecho de la protección del interés protegido por el mismo.
En la atribución del uso de la vivienda se distinguen dos situaciones en función de si la decisión se trata de una medida definitiva o provisional:
- La atribución del uso de la vivienda familiar como medida definitiva:
- Cuando hay acuerdo: Este acuerdo puede ser parte del convenio regulador en procedimientos de separación o divorcio y será homologado judicialmente sino es dañoso para los hijos o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges.
- Por decisión judicial: En defecto de acuerdo, será el juez quien decida teniendo en cuenta el interés de la familia y el interés del cónyuge más necesitado de protección. La atribución del uso es independiente de la titularidad de la vivienda, y corresponderá, en primer lugar, a los hijos menores o con discapacidad y al cónyuge que los tiene en su compañía. Los aspectos más controvertidos a la hora de determinar la atribución se enfocan en los siguientes puntos:
- Cuando algunos hijos están bajo la guarda de uno de los padres y otros bajo la del otro, el juez resolverá valorando cuál es el interés más necesitado de protección.
- Si la necesidad de vivienda del menor está cubierta, podrá atribuirse la vivienda al progenitor no custodio.
- En los casos de custodia compartida, ante la falta de disposiciones claras en el Código Civil, la respuesta más recurrente es atender al interés de los menores, permitiéndoles compaginar periodos de estancia con ambos progenitores, lo que lleva a atribuir el uso de la vivienda al cónyuge con mayores dificultades de acceso a una vivienda, sometido el derecho de uso a una limitación temporal.
- Cuando no hay hijos o habiéndolos, son mayores de edad, cabe que el uso se atribuya de manera temporal al cónyuge no titular si su interés es el más necesitado de protección. Cuando ambos merezcan la misma protección y no haya una auténtica necesidad económica de alguno de ellos, el uso corresponderá al titular de la vivienda. Si la vivienda es privativa el uso se adjudica al cónyuge titular, y si es ganancial, o bien se recurre al uso compartido mediante la división material de la vivienda o al establecimiento de periodos alternativos hasta que se lleve a cabo la liquidación de los bienes comunes.
- La convivencia con un tercero en la vivienda provoca que pierda su carácter familiar, y desaparecen las bases sobre las que se apoya la atribución de su uso.
3. Limitación de las facultades dispositivas: Para disponer de la vivienda se requiere consentimiento de ambos cónyuges o, en su defecto, autorización judicial. Tales limitaciones se hacen constar en el Registro de la Propiedad. El derecho de uso implica una limitación de las facultades dispositivas del titular de la vivienda.
4. Atribución del uso de la vivienda familiar como medida provisional: El juez, admitida la demanda, y en defecto de acuerdo de los cónyuges, determinará, teniendo en cuenta el interés familiar más necesitado de protección, cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar.
Si te encuentras en un procedimiento de divorcio, debes tener en cuenta todos estos datos a la hora de saber qué pasará durante los próximos años con tu vivienda familiar.
En Mediterrània Abogados, contamos con abogados especializados en Derecho de Familia, que te orientaremos adecuadamente y aclararemos todas tus dudas.
Ponemos a tu disposición los siguientes canales de comunicación:
- Rellenar el formulario para tu consulta desde la propia página web.
- Por Whatsapp al 678586500.
- O llamándonos al 964 633 163.
Autor: Alejandro Cerezuela Fernández (Abogado Socio en Mediterrània Abogados)
Reclamación del complemento de maternidad pensión
En la actualidad los medios de comunicación no paran de sacar noticias acerca de la reclamación del complemento de paternidad en hombres pensionistas. En este artículo explicamos de forma detallada por qué los hombres que son perceptores de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente pueden acceder a este complemento en su pensión y cuáles son los requisitos para ello.
En el año 2016 el Gobierno sacó adelante una modificación de la Ley General de Seguridad Social, en concreto su artículo 60.1, por el cual se reconocía a todas las mujeres pensionistas que hubieran tenido 2 o más hijos el derecho a percibir un complemento en su pensión de un 5% (para el caso de haber tenido 2 hijos), un 10% (para el caso de haber tenido 3 hijos) o un 15% (para el caso de haber tenido 4 o más hijos) sobre el importe de su pensión inicial.
Es lo que se conoce como el complemento por aportación demográfica. Para entendernos, dicho complemento en la pensión viene a "premiar" a aquellas personas que hayan tenido 2 o más hijos.
Ahora bien, os preguntareis, ¿por qué este complemento es solo para las mujeres? ¿por qué los hombres no pueden percibir este complemento si también han participado junto con sus mujeres o parejas al aumento de la demografía del país?
Pues bien, en los años posteriores, hombres pensionistas que se veían discriminados por esta cuestión comenzaron a interponer demandas solicitando la percepción de dicho complemento en su pensión. Dicha cuestión fue finalmente reconocida por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que, en su Sentencia de 12 de diciembre de 2019 (asunto C-450/18), dictaminó que la ley aprobada por el Gobierno era discriminatoria para los hombres por ser contraria a las Directivas de Europa. Por tanto, desde esa sentencia, todos los hombres que cumplan con los requisitos que más adelante os detallamos tienen derecho a que les sea reconocido el complemento en su pensión y, además, a percibir los atrasos de dicho complemento mensual desde la fecha en que comenzaron a disfrutar de su pensión.
Esta discriminación supuso y está suponiendo una oleada de demandas en todo el país por parte de hombres que solicitan que se le añada dicho complemento a su pensión, pero... ¿cuáles son los requisitos para tener derecho al complemento?
1. Tener reconocida una pensión de jubilación ordinaria o forzosa (es decir, que no sea jubilación anticipada voluntaria o parcial), pensión de viudedad o de incapacidad permanente.
2. Haber comenzado a percibir la pensión entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021.
3. Haber tenido dos o más hijos, ya sean naturales o adoptivos, sin importar el sexo de los mismos.
Y te preguntarás... ¿a qué tengo derecho exactamente? Vamos a verlo con un sencillo ejemplo:
Imagínate que te jubilaste en fecha 1 de abril de 2016 con una pensión inicial de 1.000 euros y tienes 3 hijos. En este caso tendrías derecho a:
- A la percepción del complemento. Percibirás dicho complemento desde ese mismo mes que se te reconozca.
En el ejemplo que hemos planteado, al percibir una pensión de 1.000 euros y haber tenido 3 hijos, tienes derecho a un complemento de maternidad mensual del 10% sobre esos 1.000 euros de pensión, es decir, un complemento de 100 euros al mes de por vida.
- Los atrasos. Es decir, deben pagarte retroactivamente esos 100 euros desde la fecha en que comenzaste a percibir la pensión.
En el ejemplo, si te jubilaste el 1 de abril de 2016, tienes derecho a percibir los atrasos de 100 euros al mes desde esa fecha hasta que se te reconozca el complemento. Si tomamos como fecha de reconocimiento la fecha de publicación de este artículo, tendrías derecho a que se te abonasen unos atrasos de 9.436 euros.
- Indemnización adicional. En el caso de que la Seguridad Social no te reconozca el derecho al complemento y sus atrasos administrativamente y tengamos que reclamarlo en el Juzgado, tendrías derecho a una indemnización adicional de 1.800 euros más por daños y perjuicios.
¿Cuál es el procedimiento a seguir entonces?
Lo primero que habrá que hacer será presentar una solicitud administrativa a la Seguridad Social indicando que cumplimos los requisitos para la percepción de este complemento y sus atrasos.
La Seguridad Social resolverá si te concede o no te concede el complemento. Este punto es muy importante ya que es importante que sepas, que en la gran mayoría de casos la Seguridad Social suele DENEGAR de primeras la solicitud. Pero no te preocupes, esto no significa que no tengas derecho a este complemento, solo que tendrá que reconocértelo un Juez mediante Sentencia.
Entonces... ¿por qué la Seguridad Social lo suele denegar de manera casi automática? Muy sencillo, si de cada 10 solicitudes presentadas solo unos pocos que se informen y asesoren acuden a los Tribunales a reclamar lo que por ley les corresponde, se ahorran de pagar miles y miles de euros.
Como hemos comentado, cuando la Seguridad Social nos deniega la solicitud (hecho casi inevitable), ya tendremos plena legitimación para acudir a los Tribunales mediante la interposición de una demanda, que recordemos, a lo que por derecho te corresponde, habrá que añadir una indemnización adicional de 1.800 euros por discriminación.
Desde Mediterrània Abogados te asesoramos desde el inicio del procedimiento para que no tengas ninguna duda ni "meter la pata" que posteriormente dificulte la reclamación, y por ende, tu derecho al complemento.
Ponte en contacto con nosotros y te atenderemos para valorar si entras dentro de los supuestos exigidos para reclamar tu complemento.

Alejandro Traver Jiménez
Abogado 3824 del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón.
Castellón de la Plana, 13 de febrero del 2024.
He dado positivo en un control de alcoholemia. ¿Qué hago?
Son numerosos los casos que recibe un despacho de abogados, donde los conductores de vehículos en carretera sobrepasan los límites legales permitidos, en el consumo de alcohol en un control de tráfico.
Para mantener la seguridad en la carretera, siempre se recomienda no conducir bajo los efectos del alcohol, ya que supone un claro peligro tanto a los vehículos que circulan por la carretera como para el propio conductor.
Se cree que un accidente mortal de tráfico encuentra su causa fundamental en el consumo elevado de alcohol, sin embargo, los accidentes pueden ocurrir también, con una ingesta muy mínima.
¿Qué hacer ante un control de alcoholemia si he bebido alcohol?
Cuando vayas a someterte a un control de alcoholemia, debes seguir las indicaciones del agente de policía, quien debe informarte la obligatoriedad del procedimiento para salvaguardar la seguridad de todos los conductores sin posibilidad de negarse teniendo en su defecto, sanciones administrativas o penales.
En principio, la prueba se realizará con un etilómetro mediante una boquilla, para detectar un baremo aproximado de la cantidad de alcohol ingerida.
Si el resultado es inferior a la tasa máxima permitida, el conductor podrá continuar su trayecto. Si la cifra es positiva, pasados diez minutos, se le realizará una segunda prueba para confirmar el resultado exacto, para la posterior evaluación de la sanción.
Tras la realización de la segunda prueba, si el conductor vuelve a superar la tasa de alcohol permitida, tendrá derecho a la tercera prueba de contraste, a partir de una muestra de sangre en el centro de salud más cercano al lugar donde se haya producido el control, cuyos gastos corren a cargo del conductor. Si el resultado es negativo, se hará una devolución de la cantidad abonada.
Es importar respetar las indicaciones de los agentes, para no empeorar la situación y evitar así la inclusión de faltas que incrementen el nivel de gravedad del asunto.
¿Qué pasa si doy positivo en un control de alcoholemia?
Si en un control de alcoholemia, se supera la tasa de alcohol permitida, el vehículo será inmovilizado, si no hay otra persona que pueda asumir la conducción.
Para superar la tasa máxima de alcohol permitida, debe de darse la cifra de más 0,25 mg/l en aire espirado, con la excepción para nóveles y conductores profesionales, de 0,15 mg/l en aire espirado.
Si se exceden los 0,25 mg/l en aire espirado, la sanción administrativa ascendería a 500 euros y la reducción de 4 puntos del carné de conducir.
En caso de sobrepasar la tasa de alcoholemia en 0,50 mg/l, la multa ascendería a 1.000 euros y 6 puntos del carné de conducir.
¿Cuándo es un delito superar la tasa de alcoholemia?
Se considera un delito penal contra la seguridad vial, superar 0,60 mg/l en aire espirado, puesto que, a partir de esa cifra, el alcohol genera en nuestro cuerpo una pérdida de visión periférica incapaz de reaccionar rápidamente ante reflejos o posibles situaciones complejas en instantes concretos.
Juicio rápido por alcoholemia
En el momento que superemos los 0,60 mg/l en aire espirado, el agente policial remitirá el atestado al Juzgado de Instrucción de guardia, que nos citará en nuestro domicilio para la celebración de un juicio rápido por alcoholemia. En muchas ocasiones es la propia policía quien nos cita para el juicio rápido, notificándonos el día, la hora y el número del Juzgado a que se debe acudir.
Si por el contrario, existió un accidente o se tenga que practicar algún tipo de diligencia que no pueda hacerse el mismo día del señalamiento del Juicio Rápido, lo más común es que los hechos se enjuicien por otro procedimiento denominado Diligencias Previas (en este caso el procedimiento es más lento).
Nunca nos podrán poner una sanción administrativa y penal a la vez, pues ello implicaría una vulneración del principio jurídico "non bis in idem".
Las penas del delito de alcoholemia
Las penas a imponer por un delito contra la seguridad en el tráfico, en su modalidad de alcoholemia, vienen recogidas en el artículo 779.1 del Código Penal, y son:
- Pena de prisión de tres a seis meses.
- Multa económica de seis a doce meses.
- Trabajos para la comunidad de 31 a 90 días.
- Privación del derecho a conducir de 1 a 4 años.
Suele ser motivo habitual de consulta si se puede ir a prisión por la comisión de un delito de alcoholemia. La respuesta es que sí, sin embargo, se suele reservar a hechos delictivos de mayor gravedad, por ejemplo cuando existe reincidencia, o la alcoholemia deriva en accidente con lesionados o incluso muertes.
¿Es obligatorio estar defendido por un abogado?
Efectivamente, es necesario, pues la ley impone que el imputado debe de estar asistido de abogado.
Si el imputado no designa un abogado particular, le será designado un abogado de oficio.
En Mediterrània Abogados contamos con experiencia en delitos de alcoholemia. Por tanto, si usted se ve involucrado en un procedimiento de estas características no dude en contactarnos.

Alejandro Cerezuela Fernández
Abogado colegiado 3.843 ICACS
Martes, 17 de octubre de 2023.
Pérdida y recuperación de la residencia de larga duración
En España, el permiso de residencia de larga duración garantiza la residencia continuada con carácter indefinido en todo el territorio nacional y de la Unión Europea.
Sin embargo, la realidad social puede llevar a que una persona con esta autorización vuelva a vivir una temporada a su país de origen, llegando a perder el derecho a la residencia en España.
Si has tenido este problema, ¿hay alguna manera de solucionarlo? La respuesta es sí.
El artículo 32.5 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social regula la situación de "extinción de la residencia de larga duración", enumerando como uno de los motivos de pérdida de la autorización la ausencia del territorio de la Unión Europea durante 12 meses consecutivos.
El Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009 regula la posibilidad de recuperar la autorización de residencia de larga duración cuando la extinción se haya producido por dicha ausencia.
Así pues, el artículo 158 y siguientes del anterior Real Decreto determinan, para esta situación, la posibilidad de recuperar la autorización si se solicita por el extranjero, personalmente, y en modelo establecido, dirigiéndose a la Oficina de Extranjería de la provincia en la que desee fijar su residencia. Dicha solicitud podrá ser presentada ante la propia Oficina de Extranjería o ante la Misión diplomática u Oficina consular española en cuya demarcación resida.
A dicha solicitud de recuperación de la condición de residente de larga duración deberá acompañarse:
- Pasaporte o título de viaje.
- Certificado de antecedentes penales del país de origen.
- Certificado médico.
Admitida a trámite la solicitud, se procederá a la instrucción del procedimiento, a su tramitación y a recabar informe del Registro Central de Penados, a los efectos oportunos.
En caso de resolución favorable, el interesado deberá solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) ante la Comisaría de Policía competente, cuya validez será de 5 años.
Idioma: Valenciano
A Espanya, el permís de residència de llarga duració garanteix la residència continuada amb caràcter indefinit en tot el territori nacional i de la UE.
No obstant això, la realitat social pot portar al fet que una persona amb aquesta autorització torne a viure una temporada al seu país d'origen, arribant a la situació de perdre el dret a la residència a Espanya.
Si has tingut aquest problema, hi ha alguna manera de solucionar-lo? La resposta és SÍ.
L'article 32.5 de la Llei d'Estrangeria regula la situació de "extinció de la residència de llarga duració", enumerant com un dels motius de pèrdua de l'autorització, l'absència del territori de la UE durant 12 mesos consecutius.
El Reglament d'Estrangeria regula la possibilitat de recuperar l'autorització de residència de llarga duració quan l'extinció s'haja produït per aquesta absència.
Així doncs, l'article 158 i següents determinen, per a aquesta situació, la possibilitat de recuperar l'autorització si se sol·licita per l'estranger, personalment, i en model establit, dirigint-se a l'Oficina d'Estrangeria de la província en la qual desitge fixar la seua residència, presentada davant aquesta oficina o davant la Missió diplomàtica o Oficina consular espanyola en la demarcació de la qual residisca.
A aquesta sol·licitud de recuperació de la condició de resident de llarga duració, haurà d'acompanyar-se amb: passaport o títol de viatge, certificat d'antecedents penals del país d'origen i certificat mèdic.
Admesa a tràmit la sol·licitud, es procedirà a la instrucció del procediment, a la seua tramitació i a recaptar informe del Registre Central de Penats, als efectes oportuns.
En cas de resolució favorable, l'interessat haurà de sol·licitar la Targeta d'Identitat d'Estranger davant la Comissària de Policia competent, la validesa del qual serà de 5 anys.

Lorenzo Cumba de la Rosa
Abogado 3825 del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón de la Plana.
Miércoles, 13 de septiembre de 2023.
Nuevos permisos retribuidos en el trabajo
El pasado 28 de junio de 2023 se aprobó el Real Decreto-Ley 5/2023, en el que se ha transpuesto la Directiva de la Unión Europea 2019/1158, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores. En materia laboral cabe destacar los siguientes permisos retribuidos que permiten conciliar la vida familiar y laboral:
1. Permiso por fuerza mayor: La persona trabajadora tendrá derecho a ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes relacionados con familiares o personas convivientes, en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable su presencia inmediata.
Dichas personas tendrán este derecho retribuido durante 4 días aportando a la empresa la acreditación/justificante del motivo de su ausencia.
2. Permiso por accidente o enfermedad grave: La persona trabajadora tendrá derecho a 5 días por accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado por consanguineidad o afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores, que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella.
3. Permiso por fallecimiento: La persona trabajadora tendrá derecho a 2 días por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando por este motivo la persona trabajadora necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo se ampliará a dos días más.
4. Permiso parental: La persona trabajadora tendrá derecho a este permiso para el cuidado del hijo de edad superior a 1 año hasta que cumpla los 8 años. Este permiso, tendrá una duración máxima de 8 semanas, continuas o discontinuas, pudiendo disfrutarse a tiempo completo o en jornada a tiempo parcial conforme a lo establecido reglamentariamente.
5. Permiso para parejas de hecho: Del mismo modo que existe un permiso retribuido de 15 días por matrimonio, dicho permiso se extiende a la inscripción de parejas de hecho.
Esperamos que os sea útil esta información en el ejercicio de vuestros derechos laborales. Desde Mediterrània Abogados estamos a disposición de nuestros clientes para aclarar cualquier duda sobre estos permisos o de cualquier otra índole laboral.

Alejandro Traver Jiménez
Lunes, 31 de julio del 2023.











