El convenio regulador
El Convenio Regulador es un documento en el que ambos cónyuges pactan de mutuo acuerdo las relaciones económicas, así como las relativas a los hijos en casos de separación o divorcio. De esta forma, en el Convenio se regularán las consecuencias que se derivan de la separación o divorcio, si bien su complejidad viene por la amplia cantidad de cuestiones objeto de regulación y del hecho de basarse en el acuerdo de las partes pero a su vez necesitar aprobación judicial.
El Convenio debe aportarse junto con la demanda y es obligatorio cuando la separación o el divorcio es solicitado por ambos cónyuges de mutuo acuerdo o por uno con el consentimiento del otro.
El convenio regulador debe contener los siguientes extremos:
- Atribución de la guarda y custodia de los hijos. No debe confundirse la guardia y custodia con la «patria potestad», que, normalmente, y salvo determinadas excepciones, continúa siendo compartida por ambos cónyuges.
- Determinación del régimen de visitas y comunicaciones de que podrá disfrutar el cónyuge que no tenga la custodia, así como, si se considera necesario, el establecimiento del régimen de visitas y comunicaciones de los nietos con sus abuelos.
- La atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar. La misma quedará, normalmente, a los hijos y al cónyuge al que se atribuya la guarda y custodia de los mismos.
- Las cantidades de contribución al sostenimiento de las cargas del matrimonio y para el mantenimiento de los hijos en concepto de pensión de alimentos; así como los criterios para su actualización y garantías, en su caso.
- La cantidad que, en su caso, y en concepto de pensión compensatoria, uno de los cónyuges ha de satisfacer al otro por el desequilibrio económico que se deriva de la separación o divorcio.
El convenio suscrito y propuesto por los cónyuges debe ser aprobado por el Juez mediante sentencia, salvo que resulte dañoso para los hijos o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges. La denegación de alguno de los acuerdos por parte del Juez habrá de hacerse mediante resolución motivada y en este caso los cónyuges deben someter a la consideración del Juez nueva propuesta de convenio para su aprobación, si procede. El Juez podrá establecer también las garantías reales o personales que requiera el cumplimiento del convenio.
Las medidas que el Juez adopte en defecto de acuerdo, o las convenidas por los cónyuges, podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio cuando se alteren sustancialmente las circunstancias.
La intervención de abogado y procurador no es necesaria hasta que se presenta la demanda ante el Juez, pero su presencia puede ser esencial para informar a los cónyuges de si los acuerdos tomados en el Convenio son jurídicamente posibles, especialmente los relativos a los hijos.
Si a pesar del artículo sigues teniendo dudas acerca del convenio regulador, recuerda que en Mediterrània Abogados podemos asesorarte según tu caso particular.

Alejandro Cerezuela Fernández
Jueves, 15 de junio de 2023
Deducción por alquiler de vivienda habitual
Idioma: Valencià
La declaració de la renda té un desenvolupament legislatiu autonòmic de deduccions per al contribuent, si compleix amb determinats requisits.
Una de les més comunes és la deducció per lloguer d'habitatge habitual, regulada per la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, en el seu article 4 Un n).
Els requisits a complir són, entre altres, els següents:
- Que la data del contracte siga posterior al 23 d'abril de l'any 1998.
- Que es tracte de l'arrendament de l'habitatge habitual del contribuent, ocupada efectivament.
- Que no es dispose d'un altre habitatge a menys de 50km de distància.
- Que la suma de la base liquidable general i la base liquidable de l'estalvi no supere 30.000€ en declaració individual o 47.000€ en declaració conjunta.
- Que el lliurament de les rendes es realitze mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit.
Aquesta deducció té en compte l'import anual que el contribuent ha pagat pel lloguer del seu habitatge habitual, i sobre aquesta quantia, aplicarà una deducció sobre la base dels següents percentatges i límits, a saber:
El 20 per 100, amb el límit de 800 euros.
El 25 per 100 amb el límit de 950 euros si l'arrendatari reuneix una de les següents condicions:
- Tindre una edat igual o inferior a 35 anys.
- Tindre reconegut un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65 per 100, o psíquica, superior al 33 per 100.
- Tindre la consideració de víctima de violència de gènere segons el que es disposa en la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
El 30 per 100 amb el límit de 1.100 euros, si reuneix dos o més de les condicions anteriors.
En Mediterrània - Despatx d'Advocats estudiem el seu context econòmic-familiar, informant-lo de les deduccions de les quals pot beneficiar-se en la presentació de la declaració de la renda.
Idioma: Castellano
La declaración de la renta tiene un desarrollo legislativo autonómico de deducciones para el contribuyente, si cumple con determinados requisitos.
Una de las más comunes es la deducción por alquiler de vivienda habitual, regulada por la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, en su artículo 4 Uno n).
Los requisitos a cumplir son, entre otros, los siguientes:
- Que la fecha del contrato sea posterior al 23 de abril del año 1998.
- Que se trate del arrendamiento de la vivienda habitual del contribuyente, ocupada efectivamente.
- Que no se disponga de otra vivienda a menos de 50km de distancia.
- Que la suma de la base liquidable general y la base liquidable del ahorro no supere 30.000€ en declaración individual o 47.000€ en declaración conjunta.
- Que la entrega de las rentas se realice mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito.
Esta deducción tiene en cuenta el importe anual que el contribuyente ha pagado por el alquiler de su vivienda habitual, y sobre dicha cuantía, aplicará una deducción en base a los siguientes porcentajes y límites, a saber:
El 20 por 100, con el límite de 800 euros.
El 25 por 100 con el límite de 950 euros si el arrendatario reúne una de las siguientes condiciones:
- Tener una edad igual o inferior a 35 años.
- Tener reconocido un grado de discapacidad física o sensorial igual o superior al 65 por 100, o psíquica, superior al 33 por 100.
- Tener la consideración de víctima de violencia de género según lo dispuesto en la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
El 30 por 100 con el límite de 1.100 euros, si reúne dos o más de las condiciones anteriores.
En Mediterrània - Despacho de Abogados estudiamos su contexto económico-familiar, informándole de las deducciones de las que puede beneficiarse en la presentación de la declaración de la renta.

Lorenzo Cumba de la Rosa
Viernes, 26 de mayo de 2023.
La pensión de alimentos
La pensión alimenticia o pensión de alimentos es la contribución económica que deben pagar ciertos familiares en favor de sus parientes en estado de necesidad. Generalmente se utiliza el término para referirse a la pensión que deben recibir los hijos de padres divorciados o separados.
La pensión alimenticia es un pago periódico que debe realizar el progenitor que no posee la custodia para colaborar en la crianza del hijo.
Por tanto, el abono de la pensión de alimentos es una de las principales obligaciones tras el divorcio o separación con hijos, incapacitados o económicamente dependientes.
Como se trata de un derecho de los hijos menores, está especialmente protegido por nuestro ordenamiento jurídico.
Este régimen de protección especial la diferencia de la pensión compensatoria, concepto que no se debe confundir con la pensión alimenticia. La pensión compensatoria es la que se establece en favor del cónyuge que quede en situación de desigualdad tras la separación o divorcio, mientras que la pensión alimenticia se establece en favor de los hijos.
El Código Civil define como alimentos lo indispensable para:
- Sustento.
- Habitación.
- Vestido.
- Educación e instrucción.
- Gastos de embarazo y parto.
Esta definición cubre a grandes rasgos los gastos que incluye la pensión de alimentos, aunque más adelante se analiza en mayor profundidad.
De momento basta con entender que la pensión de alimentos incluye los gastos básicos del día a día del hijo o familiar.
La pensión alimenticia debe pagarse a los hijos menores de edad y a los mayores no emancipados que carezcan de ingresos propios por causas ajenas a su voluntad.
Por lo tanto, es importante saber que el hecho de que un hijo alcance la mayoría de edad no implica que se extinga su derecho a seguir percibiendo esta pensión en tanto en cuanto no disponga de ingresos propios por causas que no le sean imputables, por ejemplo si sigue estudiando.
Su cuantía puede establecerse en el convenio regulador de separación o divorcio o en virtud de sentencia judicial. Esta obligación es una de las más conflictivas en estos casos, principalmente por su larga duración y la tensión que suele haber entre los ex cónyuges.
Es importante tener en cuenta que la pensión de alimentos se abona durante los doce meses del año, incluyendo los periodos vacacionales en los que los hijos estén con el progenitor no custodio.
La pensión alimenticia se considera que es una cantidad anual que se prorratea a lo largo del año, asumiendo que habrá meses en los que se utilizará una cuantía superior (por ejemplo al inicio del curso escolar) y otros meses en los que se utilizará una cuantía menor.
Para evitarse problemas, es recomendable contar con asistencia letrada especializada al redactar el convenio de separación o divorcio.
Miércoles, 17 de mayo de 2023.

Alejandro Cerezuela Fernández
Abogado especializado en derecho de familia
Colegio de Abogados de Castelló de la Plana (nº 3843)
RETRASO EN EL PAGO DE LA NÓMINA
Suele ser habitual que las empresas tarden en pagar su nómina a los trabajadores. En ocasiones, vemos como se tarda en pagar 10, 15 o incluso 20 días después de finalizar el mes.
Si estás leyendo esto y te sientes identificado con esta situación, en este post vamos a explicarte hasta que punto esta situación es legal y cuales son las opciones que tienes.
Todo ello en base a una reciente Sentencia en la que se reconoce el derecho de una trabajadora a extinguir su contrato de trabajo y recibir una indemnización de más de 48.000€ por percibir con un retraso de 10,5 días su salario mensualmente durante un año.
¿Cuándo tiene que abonarse el salario?
La empresa tiene la obligación legal de abonar el salario puntualmente y documentalmente en la fecha y lugar convenidos o conforme a los usos y costumbres.
También es posible que en tu convenio colectivo de aplicación se establezca un período de tiempo en el que tienen que abonarse las nóminas, por ejemplo, dentro de los 5 días antes de la finalización del mes.
¿Qué opciones tenemos si nos encontramos en esta situación?
- Podemos comunicar mediante carta certificada a la empresa que está incumpliendo su obligación de abono puntual del salario.
Tras esta actuación pueden pasar dos cosas. Por un lado, que la empresa cambie su actitud y comience a abonarte la nómina en el plazo indicado. Por otro lado, puede que la empresa no cambie su forma de hacer las cosas y entonces, tenemos una segunda opción.
- Con independencia de que se haya enviado ese burofax o no, el trabajador tiene la opción de solicitar la extinción de su contrato de trabajo con abono de indemnización por despido improcedente.
Es decir, como consecuencia de este incumplimiento grave por parte de la empresa, el trabajador puede romper su contrato de trabajo y llevarse consigo una indemnización igual a la que se consideraría por un despido improcedente, es decir 33 días de salario por año de antigüedad en la empresa.
¿Qué requisitos se requiere por los Tribunales para poder llevar a cabo esta extinción del contrato?
El Estatuto de los Trabajadores establece en su artículo 50.1 b) que el retraso en el pago del salario se considera un incumplimiento grave por parte del empresario que faculta al trabajador para extinguir su contrato de trabajo con abono de la indemnización.
A modo de ejemplo, el Tribunal Supremo, el pasado día 10 de enero de 2023, ha dictado una sentencia en la que declaró extinto el contrato de una trabajadora que durante el período de un año venía percibiendo su salario con un retraso de 10,5 días de media.
Pues bien, el Tribunal entendió que la situación del retraso era lo suficientemente grave para la trabajadora como para otorgarle el derecho de extinguir su contrato con abono de una indemnización de 48.232,73 euros.
También aclara que la mala situación económica que pueda estar atravesando la empresa no es motivo para incumplir el deber esencial de todo empleador de abonar el salario puntualmente.
En definitiva, no se puede exigir al trabajador que tolere esa situación durante un tiempo prolongado.
Desde Mediterrània Abogados nos ponemos a disposición de nuestros clientes para revisar su caso y valorar las acciones que podrían interponerse frente a la empresa.

Alejandro Traver Jiménez
Jueves, 16 de marzo de 2023.
LA REAGRUPACIÓ FAMILIAR
Una persona que rep l’autorització per a residir a l’Estat espanyol té dret a retrobar-se amb els seus familiars d’origen, convertint-se així en ‘reagrupant’, però, quins són els familiars ‘reagrupables’?
El reglament d’estrangeria defineix el següent llistat de familiars a reagrupar:
- Cònjuge
- Parella.
- Fills.
- Menors de 18 anys o amb diversitat funcional, representats pel reagrupant.
- Ascendents de primer grau o els de la seua parella, si són majors de 65 anys i estan a càrrec seu.
Per tal de procedir a la correcta tramitació del procediment de reagrupació, la persona reagrupant haurà d’acreditar que compta amb els mitjans econòmics necessaris per a fer-se càrrec de la persona reagrupada, així com assistència sanitària sense copagament.
Els mitjans econòmics, a més, s’hauran d’acreditar de les següents maneres:
- Contracte de treball per compte d'altri.
- Declaració de l'IRPF.
- Documentació d’activitat econòmica per compte propi.
- Diners en comptes bancaris.
A més, convindrà acreditar que es disposa d’un habitatge apta per a acollir al familiar reagrupat, mitjançant informe expedit pels òrgans competents autonòmics.
Una volta presentada la instància amb la documentació pertinent, i resolta favorablement la sol·licitud, les autoritats atorgaran a la persona reagrupada un visat per tal d’entrar a l’Estat espanyol a sol·licitar, ara sí, la targeta d’identitat de l'estranger.
Una persona que recibe la autorización para residir en el Estado español tiene derecho a reencontrarse con sus familiares de origen, convirtiéndose así en ‘reagrupante’, pero, ¿cuáles son los familiares ‘reagrupables’?
El reglamento de extranjería define el siguiente listado de familiares a reagrupar:
- Cónyuge.
- Pareja.
- Hijos.
- Menores de 18 años o con diversidad funcional, representados por el reagrupante.
- Ascendentes de primer grado o los de su pareja, si son mayores de 65 años y están a cargo suyo.
Para proceder a la correcta tramitación del procedimiento de reagrupación, la persona reagrupante tendrá que acreditar que cuenta con los medios económicos necesarios para hacerse cargo de la persona reagrupada, así como asistencia sanitaria sin copago.
Los medios económicos, además, se tendrán que acreditar de las siguientes maneras:
- Contrato de trabajo por cuenta ajena.
- Declaración del IRPF.
- Documentación de actividad económica por cuenta propia.
- Dinero en cuentas bancarias.
Además, convendrá acreditar que se dispone de una vivienda apta para acoger al familiar reagrupado, mediante informe expedido por los órganos competentes autonómicos.
Una vez presentada la instancia con la documentación pertinente, y resuelta favorablemente la solicitud, las autoridades otorgarán a la persona reagrupada un visado para entrar en el Estado español a solicitar, ahora sí, la tarjeta de identidad del extranjero.

Lorenzo Cumba de la Rosa
Lunes, 27 de febrero de 2023
LAS TARJETAS Y CRÉDITOS REVOLVING
En los tiempos que corren y con la crisis que se avecina, los consumidores españoles están cubriendo los desfases de su economía familiar con los créditos y tarjetas revolving, con los micro préstamos y con los micro créditos. Pero no hay que olvidar que, para estas actuaciones, hay una máxima, “el crédito más fácil de conseguir es el más difícil de devolver”, y por eso, las tarjetas revolving, que se presentan como una vía de escape ante una situación económica delicada, pueden resultar a la postre un auténtico tormento.
La modalidad de crédito al consumo que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos años es la de préstamos concedidos por entidades financieras de crédito a través de las denominadas tarjetas revolving.
Dinero rápido, a devolver en cómodos plazos y sin apenas requisitos de concesión, son los reclamos de las tarjetas revolving, ante los que han caído miles de clientes en España. Pero tras estas condiciones en apariencia favorables, a las que es complicado resistirse, se esconden unos altos intereses y un sistema de devolución del crédito que lo convierte en una cadena perpetua.
Operaciones sencillas y rápidas, que en la mayoría de los casos se conceden por teléfono o por internet o a través de agresivas campañas a puerta fría, para las que sólo se requieren unos mínimos requisitos para ser aprobados, que carecen, casi por completo, de un estudio de riesgo bancario y conllevan unos tipos de interés remuneratorios muy altos. No se facilita, en absoluto, por parte de la entidad prestamista, información suficiente sobre los costes y los intereses que comporta disponer del dinero que la entidad de crédito dice poner a disposición del consumidor. De hecho, en innumerables casos, el titular de la tarjeta ni tan siquiera llega nunca a firmar un contrato, sino que se limita a rellenar una solicitud y recibir, posteriormente, la tarjeta propiamente dicha, sin el acompañamiento de un contrato que detalle de forma clara y precisa los costes aparejados.
Para dar una explicación sencilla y clara de las tarjetas revolving se debe acudir a la información disponible en las fuentes de público conocimiento. La definición y descripción más objetiva y útil la ofrece el Portal del Cliente Bancario del Banco de España, donde se explica que estas tarjetas “son tarjetas de crédito en la que se ha elegido la modalidad de pago flexible. Te permiten devolver el crédito de forma aplazada mediante el pago de cuotas periódicas que varían en función de las cantidades dispuestas. Dentro de unos límites prefijados por tu banco, podrás fijar el importe de la cuota, pero sé consciente de que con cada cuota pagada el crédito disponible de la tarjeta se reconstituye, es decir, puedes volver a disponer del importe del capital que amortizas en cada cuota”.
Lo perverso de este tipo de créditos, es que el modo mediante el cual se debe devolver el capital dispuesto o prestado en el crédito revolving, consiste en que el importe de las cuotas que el titular de la tarjeta paga a la empresa financiera de forma periódica vuelven a formar parte del capital del crédito disponible del cliente, por lo que constituye un crédito que se renueva de manera automática todos los meses, siendo, por tanto, un crédito rotativo (revolving) equiparable a una línea de crédito perpetua en la que sobre el capital dispuesto por el consumidor, se aplica el tipo de interés pactado. Una trampa de la cual el cliente escapa difícilmente y si escapa, es después de haber pagado unas cantidades por intereses que, en muchas ocasiones, supera el capital prestado. La famosa frase de “elija qué cantidad quiere devolver cada mes y disponga siempre de su dinero”.
Si tienes, o has tenido una tarjeta revolving da igual de que banco o entidad financiera sea, desde Mediterrània Abogados te ayudamos a reclamar los intereses abusivos sin que esto suponga ningún coste para ti.

Alejandro Cerezuela Fernández
Viernes, 10 de febrero de 2023.
ELS DIES DE TERMINI ALS PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS
Valencià
És possible que un dia ens trobem a la bústia una carta en què una administració pública ens diu que tenim “10 dies” per a, per exemple, aportar documentació que ens han requerit.
Però, què vol dir en l’àmbit administratiu “10 dies”?
En primer lloc, cal saber de l'existència de diverses classes de dies. Els naturals, els hàbils i els inhàbils.
Els dies naturals són cada dia de l’any. Els 365. Indistintament de la seua condició d'hàbil o inhàbil. Tots són dies naturals.
Els dies hàbils, en canvi, són aquells compresos de dilluns a divendres, inclosos tots dos, que no siguen festius.
Per tant, ja tenim la definició de dies inhàbils: els dissabtes, diumenges i festius.
Sabent això, els “10 dies” que em donen per a respondre són hàbils o naturals?
Segons la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, al seu article 30.2, “quan els terminis s’assenyalen per dies, s’entén que aquests són hàbils, excloent-se del còmput els dissabtes, diumenges i els declarats festius.”. I continua, “quan els terminis s’hagen assenyalat per dies naturals ... es farà constar aquesta circumstància en les corresponents notificacions”. Per la qual cosa, ja tenim la resposta: al no especificar en la notificació rebuda que els “10 dies” són naturals, aquests esdevenen automàticament en hàbils.
I des de quan comencem a comptar aquest “10 dies”, ara sí, hàbils? Seguint la lectura del mateix article, “Els terminis expressats en dies es comptaran a partir de l'endemà a aquell en què tinga lloc la notificació”.
Si per exemple rebem la notificació un dimarts, començarem a computar l'endemà a rebre-la, per tant, un dimecres (1), seguint el dijous (2), divendres (3), dilluns (4), dimarts (5), dimecres (6), dijous (7), divendres (8), dilluns (9) i dimarts (10).
Havent rebut la notificació el dimarts 31 de gener de l’any 2023 al Grau de Castelló, tindrem de termini per a respondre el requeriment fins al dia 14 de febrer de l’any 2023.
Castellano
Es posible que un día nos encontremos al buzón una carta en que una administración pública nos dice que tenemos “10 días” para, por ejemplo, aportar documentación que nos han requerido.
Pero, ¿qué quiere decir en el ámbito administrativo “10 días”?
En primer lugar, hay que saber de la existencia de varias clases de días. Los naturales, los hábiles y los inhábiles.
Los días naturales son cada día del año. Los 365. Indistintamente de su condición de hábil o inhábil. Todos son días naturales.
Los días hábiles, en cambio, son aquellos comprendidos de lunes a viernes, incluidos los dos, que no sean festivos.
Por lo tanto, ya tenemos la definición de días inhábiles: los sábados, domingos y festivos.
Sabiendo esto, ¿los “10 días” que me dan para responder son hábiles o naturales?
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 30.2, “cuando los plazos se señalan por días, se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos.”. Y continúa, “cuando los plazos se hayan señalado por días naturales ... se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones”. Por lo cual, ya tenemos la respuesta: al no especificar en la notificación recibida que los “10 días” son naturales, estos acontecen automáticamente en hábiles.
¿Y desde cuando empezamos a contar este “10 días”, ahora sí, hábiles? Siguiendo la lectura del mismo artículo, “Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación”.
Si por ejemplo recibimos la notificación un martes, empezaremos a computar el día siguiente a recibirla, por lo tanto, un miércoles (1), siguiendo el jueves (2), viernes (3), lunes (4), martes (5), miércoles (6), jueves (7), viernes (8), lunes (9) y martes (10).
Habiendo recibido la notificación el martes 31 de enero del año 2023 al Grau de Castelló, tendremos de plazo para responder el requerimiento hasta el día 14 de febrero del año 2023.

Lorenzo Cumba de la Rosa
Martes, 7 de febrero de 2023.
¿TIENE LA EMPRESA QUE PAGAR MIS GAFAS DE VISTA?
El pasado 22 de diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia que resuelve ciertas cuestiones acerca de la obligación de la empresa en relación a la seguridad y salud de los trabajadores que trabajan con pantallas de visualización de datos.
¿Significa esto que todos los trabajadores tienen derecho a que la empresa abone el coste de las gafas de vista? No, al menos no en todo caso. En este artículo vamos a tratar de aclarar los supuestos en los que sí procede abonar por la empresa el coste y los que no.
En primer lugar, este asunto nace a consecuencia de una Directiva Europea, en concreto la 90/270/CEE de 29 de mayo de 1990. En el artículo 9 de la misma se prevé que las empresas deberán poner a disposición del trabajador un "dispositivo corrector especial", el cual es objeto de interpretación en la referida sentencia europea. Dicha sentencia considera que por dispositivo corrector especial hay que entender que se incluyen las gafas graduadas y que, por tanto, si se incluyen el resto de requisitos necesarios y se pasa por un procedimiento específico, la empresa tendrá que sufragar el coste de las mismas o facilitar unas al trabajador.
Dicha Directiva fue transpuesta en España en 1997 y ha sido objeto de debate en los Tribunales durante años. No obstante, no ha sido hasta la sentencia europea del pasado mes de diciembre (en la que se ha entendido que las gafas graduadas estarían dentro de dicha directiva) cuando se han empezado a obtener sentencias favorables para los trabajadores en este sentido.
En concreto, el Juzgado de lo Social nº 5 de Bilbao ya ha condenado a una empresa a abonar al trabajador la cantidad de 351,92 euros por las lentes progresivas adquiridas.
En este caso el trabajador acudió a su centro de salud el cual realizó un informe recomendando la utilización de cristales progresivos para el trabajador. Con dicho informe, el trabajador solicitó a la empresa que le indicara el lugar donde proveerse de estas gafas por lo que la empresa remitió al trabajador a la Mutua para un nuevo informe a efectos de comprobar esa necesidad. En efecto, la Mutua realizó informe indicando las mismas valoraciones que el centro de salud. A consecuencia, el trabajador solicitó a la empresa el coste de sus gafas y la misma se lo denegó, no quedándole más remedio que interponer la demanda al Juzgado que fue estimada.
En resumen, ¿qué necesitamos acreditar para que la empresa nos abone el coste de nuestras gafas de vista?
- Que la falta de visión óptica provenga o tenga su causa por motivos laborales en la utilización de pantallas de visualización de datos.
- Se requiere habitualidad en el trabajo con dichas pantallas.
- Informe positivo tanto del centro de salud como de la Mutua, acreditando esta recomendación y que la causa de la misma resida en el uso habitual de pantallas de visualización de datos.
Desde Mediterrània Abogados defendemos los derechos de los trabajadores y nos ponemos a tu disposición para cualquier duda sobre este tema u otras cuestiones que puedan afectarte en el ambiente laboral.

Alejandro Traver Jiménez
Lunes, 30 de enero del 2023.
MI INQUILINO HA DESTROZADO LA CASA: ¿QUÉ PUEDO HACER?
Es bastante frecuente que nos consulten clientes que quieren alquilar su vivienda pero temen que sus inquilinos puedan ocasionar daños dentro de la misma o vandalizarla.
En este artículo te contamos qué instrumentos legales tienes a tu disposición para hacer frente a esa circunstancia que tanta preocupación genera.
¿Qué medidas tomar al alquilar una vivienda?
Ya desde el inicio de la relación contractual con nuestro inquilino podemos llevar a cabo pequeños gestos que nos faciliten que todo salga bien. Una de ellas es incluir un inventario previo del contenido de la vivienda (muebles, electrodomésticos, etc.) en el propio contrato de arrendamiento.
Otra medida de prevención es conservar las facturas de compra de los bienes por si hubiera que aportarlas.
De esta manera será más fácil acreditar tanto la existencia como la titularidad de los bienes, así como los daños posteriores en caso de que lleguen a producirse.
¿Qué medidas tomar al finalizar el alquiler de una vivienda?
Por otra parte, cuando el alquiler llegue a su fin debes asegurarte de que la vivienda sea devuelta en las mismas condiciones en las que fue entregada al inquilino, es decir, en buen estado. La mejor ocasión para ello es en el momento de la entrega de llaves y devolución de la fianza.
En ese momento será conveniente llevar a cabo un reconocimiento de la vivienda y, si por desgracia, te topas con la desagradable sorpresa de que la casa está destrozada es fundamental que hagas el recuento, uno por uno, de todos los daños que te encuentres.
Es muy conveniente también que hagas fotos.
Incluso se puede hacer uso de los servicios de un perito experto que valore los daños producidos.
Este recuento de desperfectos es de vital importancia ya que será la llave que te permitirá acceder a la tutela judicial, en caso necesario.
Sin esas pruebas que acrediten la responsabilidad del inquilino en los daños de la vivienda arrendada tu demanda no podrá prosperar, ya que en tanto como arrendador a ti te corresponde demostrar la existencia de dichos destrozos.
¿Todos los daños son indemnizables?
El inquilino tiene la obligación de conservar la vivienda en buen estado, pero eso no significa que cualquier tipo de daño sea indemnizable.
La jurisprudencia establece que todos aquellos daños que sean consecuencia de un uso normal de la vivienda no podrán ser objeto de reclamación.
Es decir, habrás de acreditar que los daños en cuestión no son fruto del desgaste que conlleva el propio uso de la vivienda.
El mecanismo de la fianza
Como seguro que ya sabes, la fianza está pensada para cubrir los posibles desperfectos que puedas encontrar durante la revisión del momento de la entrega de llaves.
Es decir, con la fianza el arrendatario cumple con su obligación de devolver la vivienda tal como la recibió. De tal manera que si el inmueble no se entrega en buenas condiciones, el propietario podrá retener la fianza para cubrir los daños ocasionados.
En caso de que se pueda cubrir con el importe de la fianza el total de los daños ocasionados, los desperfectos serán reparados con ese dinero y fin de la historia.
¿Qué pasa si la fianza no cubre los daños?
En caso de que el importe de las reparaciones sea inferior a la fianza depositada, se le devolverá la parte restante al inquilino.
Aunque puede suceder también que con la cuantía de la fianza depositada no alcance a sufragar las reparaciones. En este caso el arrendador estará en su derecho de reclamar los daños por la vía judicial.
¿Cómo reclamar judicialmente los daños en la vivienda?
El arrendatario está obligado, en virtud del contrato de arrendamiento y porque así lo estipula la ley, a mantener la vivienda en un buen estado de conservación.
Reiteramos que si los destrozos en la vivienda han sido de tal envergadura que no resulta posible hacerles frente con la fianza, es posible reclamar por la vía judicial.
Para que tu reclamación por los daños ocasionados pueda prosperar en ese judicial es de vital importancia contar con el informe de daños realizado en el momento de la entrega de llaves, así como facturas de las reparaciones, declaraciones de testigos o informes de peritos.
También será necesario haber requerido de manera extrajudicial al inquilino en cuestión para que efectúe las reparaciones de manera voluntaria.
Este requerimiento puede hacerse mediante burofax.
En caso de que el inquilino no acceda de manera voluntaria tenemos dos vías de reclamación: en la jurisdicción civil y en la jurisdicción penal por un delito de daños.
La reclamación por vía civil
Cuando hablamos de la jurisdicción civil la reclamación por daños ocasionados por el arrendatario en la vivienda puede fundarse en los artículos 1555 y 1556 del Código Civil.
Tienes que tener en cuenta que te corresponde a ti, como arrendador, demostrar que esos desperfectos han sido causados por el inquilino, tal como estipula el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
De nuevo cabe recordar que no tienen la consideración de desperfectos el deterioro de la vivienda, muebles y electrodomésticos a causa del uso cotidiano y normal.
La reclamación por vía penal
Desde el punto de vista penal, el inquilino que ocasione destrozos en la vivienda puede incurrir en un delito de daños tipificado en el artículo 263 del Código Penal.
En efecto, el artículo 263 CP tipifica los daños ocasionados en propiedad ajena como un delito de daños con pena de multa de 6 a 24 meses o pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses en el tipo agravado.
¿Cuándo puedo denunciar al inquilino por vía penal por un delito de daños?
Para que se entienda que se ha cometido un delito de daños es necesario, en primer lugar, que se hayan causado desperfectos o se haya deteriorado la cosa, claro.
Estos deterioros pueden ser tanto en la vivienda como sobre los muebles o electrodomésticos propiedad del arrendador.
Nuestro Tribunal Supremo ha definido los daños como "toda destrucción, deterioro o menoscabo, tanto físicos como económicos, causados en bienes ajenos y, excepcionalmente en bienes propios, que no se hallen comprendidos en otros preceptos del Código".
Es importante que tengas en cuenta que para que esos daños tengan relevancia penal no se requiere que exista malicia o voluntad de dañar. Así que el delito de daños se puede cometer tanto dolosamente, a propósito, como de forma imprudente, sin intención.
Si necesitas ayuda personalizada para tu caso, quieres comentarnos tu situación o necesitas asesoramiento te puedes poner en contacto con nosotros para concertar una cita previa.

Alejandro Cerezuela Fernández
Jueves, 19 de enero de 2023.
LOS DIVORCIOS CELEBRADOS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO
Valenciano
Un matrimoni celebrat a l’Estat espanyol es pot divorciar en un país comunitari? Avui donem resposta a aquesta incògnita i expliquem com es desenvolupa la legislació comunitària.
Els ritmes vitals de la societat comporten que el dret haja de donar resposta a casuístiques particulars que, gràcies al marc comunitari, troben cobertura jurídica a l’hora de facilitar i simplificar tant la seua tramitació com l’adopció de les mateixes resolucions que, al fi i a la cap, esdevé dret per a les interessades.
En aquest cas, que una sentència de divorci dictada a un Estat comunitari tinga plens efectes a l’Estat d’origen dels divorciats.
El dia 1 d’agost del 2022 es començava a aplicar la totalitat del REGLAMENT 2019/1111 DEL CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA, publicat el dia 2 de juliol de l’any 2019 al Diari Oficial de la Unió Europea, document que venia a aportar una major claredat al seu text antecessor.
I com afecta directament als ciutadans aquest REGLAMENT, en la casuística plantejada?
Segons el seu article 30, les resolucions dictades en un Estat membre han de ser reconegudes per la resta d’Estats membres sense necessitat de recórrer a cap procediment especial. Això és, sense necessitat de tornar a repetir el procediment a l’Estat d’origen; o en altres paraules, no haver de divorciar-se dues voltes.
Continua l’article especificant que, en particular, no es requerirà procediment especial per a l’actualització de dades en registres civils de l’Estat d’origen per a resolucions en matèria de divorci, separació legal o nul·litat matrimonial dictades en altre Estat membre. Permitent la inscripció del divorci al registre d’origen corresponent amb la presentació del corresponent certificat de la resolució dictada en matèria matrimonial.
S’habilita així, llavors, una clara cobertura jurídica que, al llarg dels anys, haurà de rebre també correccions, actualitzacions i millores per tal de seguir sent més efectius amb el pas dels anys enfront de les noves casuístiques generades per la societat.
Castellano
¿Un matrimonio celebrado en el Estado español se puede divorciar en un país comunitario? Hoy damos respuesta a esta incógnita y explicamos cómo se desarrolla la legislación comunitaria.
Los ritmos vitales de la sociedad comportan que el derecho tenga que dar respuesta a casuísticas particulares que, gracias al marco comunitario, encuentran cobertura jurídica en la hora de facilitar y simplificar tanto su tramitación como la adopción de las mismas resoluciones que, al fin y al cabo, acontece derecho para los interesados.
En este caso, que una sentencia de divorcio dictada en un Estado comunitario tenga plenos efectos en el Estado de origen de los divorciados.
El día 1 de agosto del 2022 se empezaba a aplicar la totalidad del REGLAMENTO 2019/1111 DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, publicado el día 2 de julio del año 2019 en el Diario Oficial de la Unión Europea, documento que venía a aportar una mayor claridad en su texto antecesor.
¿Y como afecta directamente a los ciudadanos este REGLAMENTO, en la casuística planteada?
Según su artículo 30, las resoluciones dictadas en un Estado miembro tienen que ser reconocidas por el resto de Estados miembros sin necesidad de recurrir a ningún procedimiento especial. Esto es, sin necesidad de volver a repetir el procedimiento en el Estado de origen; o en otras palabras, no tener que divorciarse dos veces.
Continúa el artículo especificando que, en particular, no se requerirá procedimiento especial para la actualización de datos en registros civiles del Estado de origen para resoluciones en materia de divorcio, separación legal o nulidad matrimonial dictadas en otro Estado miembro. Permitiendo la inscripción del divorcio al registro de origen correspondiente con la presentación del correspondiente certificado de la resolución dictada en materia matrimonial.
Se habilita así, entonces, una clara cobertura jurídica que, a lo largo de los años, tendrá que recibir también correcciones, actualizaciones y mejoras para seguir siendo más efectivos con el paso de los años frente a las nuevas casuísticas generadas por la sociedad.

Lorenzo Cumba de la Rosa
Lunes, 16 de enero de 2023











